sábado, 20 de abril de 2013

LOS EMPLEADOS DE LA FÁBRICA DE ARMAS RECURREN EL ERE EN LA AUDIENCIA NACIONAL




ABEL PEÑA A CORUÑA | Actualizado 20 Abril 2013 - 02:30 h.
Trabajadores de la fã¡brica de armas, durante una protesta quintana
La CIG ha decidido presentar una denuncia ante la Audiencia Nacional con el objetivo de conseguir que se declare nulo el ERE de extinción de la Fábrica de Armas, una estrategia que piensa seguir el comité de empresa en pleno. Las dos denuncias se basan en argumentos distintos: la del sindicato nacionalista hace hincapié en que el ERE carece de justificaciones económicas, mientras que el del comité recalca el agravio comparativo que supone que la de Pedralonga sea la única planta que General Dynamics piense cerrar en España.
Con esta ofensiva legal los trabajadores pretenden que la multinacional deje de marcar los tiempos en este conflicto laboral, pero el hecho de que hayan recurrido a esta vía solo a diez días de que General Dynamics anuncie si va a continuar adelante con el ERE deja claro que no recurren a ella solo como último recurso. Fuentes sindicales reconocen que los cambios en la legislación que propició la reforma laboral les ponen las cosas muy difíciles.
A pesar de todo, el secretario de la sección sindical de la CIG, Xabier Riobóo, insiste en que la falta de información es la norma en el informe que presentó el ERE, en el que ni siquiera se hace mención a Pedralonga: “Nin sequera cumpre os requirimentos formais marcados pola lexislación actual”.

Sin datos completos
La previsión de pérdidas alegada por la multinacional para justificar los despidos resulta sospechoso para la CIG. Según Riobóo, las cuentas referidas a Santa Bárbara Sistemas, a la que pertenece la Fábrica de Armas de A Coruña, “son pouco mais que unha simple conta de erdas e ganancias a xaneiro de 2013”. Pero la multinacional no presenta el ejercicio completo de 2012, en el que solo se señala las pérdidas contabilizadas.
Curiosamente, en 2012 los gastos de personal de Santa Bárbara cayeron un 12,8% mientras que los gastos de explotación subieron un 39,45%. Según la CIG, esos 37 millones de euros corresponden a pagos a servicios de profesionales independientes, pero no especifica cuáles, igual que tampoco incluye las retribuciones de los administradores o el personal de alta dirección.
En referencia a la posición del comité de empresa, hay que señalar que la propia multinacional reconoció durante el periodo de consulta que no dispone de una cuenta de resultados para cada centro de trabajo, por lo que los sindicatos no entienden cómo puede afirmar que la estructura de costes del de A Coruña es excesiva. En cuanto a la falta de un producto propio, recuerdan que son las instalaciones de A Coruña las únicas autorizadas para producir varias armas, además de componentes que se utilizan en otras plantas.

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