GALICIA PERMITIRÁ LA DACIÓN EN PAGO EN PISOS PROTEGIDOS PARA EVITAR DESAHUCIOS.
Los propietarios en paro de viviendas públicas podrán quedarse en ellas en alquiler . Habrá ayudas de hasta 3.200 euros al año para una renta a quienes sean desalojados por los bancos
Una mujer abandona su casa en Baiona desahuciada por un banco. / josé lores
D. DOMÍNGUEZ| SANTIAGO Desde que comenzó la crisis los desahucios se han multiplicado y ya se producen cinco al día en Galicia. La Xunta pretende ahora ayudar a quienes atraviesen esta situación mediante medidas adicionales añadidas a la adaptación a su normativa del decreto del Gobierno central que fija ayudas para estos casos, e introduce la posibilidad de la dación en pago para casos excepcionales. Quienes posean una vivienda de promoción pública y no puedan hacer frente a los pagos de la hipoteca por haber perdido su empleo, tendrán un respiro. La Consellería de Medio Ambiente permitirá saldar la deuda con la entrega de la propiedad, pero no expulsará a los inquilinos, algo que también realizará en el caso de los alquileres.
En cuanto a las promociones privadas, que son la mayoría, concederá ayudas a quienes sean desahuciados para pagarse un nuevo alquiler de hasta el 40% de la nueva renta, con un máximo de 3.200 euros anuales, aunque solo durante dos ejercicios y para quienes ganen un máximo de 18.637 euros al año.
La Xunta tramitará de forma urgente el decreto y su borrador se dará a conocer la próxima semana. El conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, destacó la dación en pago para los casos de promociones públicas. "El Instituto Galego de Vivenda e Solo recuperará la propiedad de la vivienda y permitirá al adjudicatario seguir viviendo en ella en régimen de alquiler subvencionado, así se evitará el desahucio", explicó ayer. Fuentes de este departamento explicaron que los desahucios en esta clase de vivienda no se estaban aplicando, si bien la reforma aporta cobertura legal a todos los casos.
El decreto autonómico pretende aliviar la situación de los colectivos "vulnerables", que podrían aumentar a medida que avance el año si las previsiones de la Xunta, que apuntan un aumento del paro, se cumplen. "Se contemplan instrumentos para facilitar el cumplimiento de los plazos de los créditos, en la misma línea del decreto estatal", añadió Hernández.
Entre estas ayudas se incluye la posibilidad de que durante cuatro años los inquilinos o dueños de promociones públicas no amorticen capital, sino tan solo intereses; se reducirán las tasas de interés hasta un mínimo de euríbor más 0,25% durante ese período de carencia; y se permitirá ampliar el plazo de las hipotecas hasta los 40 años; también se podrá solicitar una quita del capital; y, como último recurso, la citada dación en pago.
Además, en el caso de los alquileres, la Xunta rebajará el precio de la renta mensual para aquellas familias "con una situación acreditada de precariedad". "Se permitirá que tengan una reducción de hasta el 50%, indicó Hernández. Su departamento también informó de que se podrá ampliar el límite máximo de los períodos de alquiler hasta los cinco años, así como los tramos de ingresos que permiten optar a esta bolsa de viviendas. Cuando se renueven los contratos, en lugar de 2,5 veces el Iprem (índicador público de renta de efectos múltiples), el listón se fijará en 3 -22.365 euros al año- y 4 en el caso de núcleos rurales y conjuntos históricos.
Medio Ambiente también tendrá en cuenta a los hijos no nacidos aún a la hora de conceder ayudas, estrategia que ya aplica el Gobierno gallego en áreas de bienestar. El resto de medidas se concretarán a partir de la semana que viene en el borrador del documento.
Durante el año pasado, las autoridades judiciales decretaron el embargo de 2.003 viviendas en Galicia por el impago de hipotecas, una cifra que supone algo más de cinco casos al día. La comunidad fue la única en la que esta cifra aumentó respecto a 2010, cuando se alcanzaron los 1.942. En los dos ejercicios anteriores se alcanzaron los 2.053 y los 1.369, respectivamente.
Los datos del Consejo General del Poder Judicial ilustran la magnitud de la crisis económica, que solo el año pasado provocó casi 78.000 embargos hipotecarios en España. Pero no es la única magnitud para medir el grado de drama social que provocan los desahucios: también se produjeron por impagos de alquileres. El año pasado 58.241 familias fueron expulsadas de su casa por no pagar la renta, de las que 1.885 vivían en Galicia. Paliar su situación constituye un reto de la Administración, a la que los movimientos sociales reclaman soluciones.
Las medidas que afectan a los desahucios resultan las más llamativas de la reforma de la Xunta, pero no son las únicas que contemplará el decreto que ultima. Con él pretende inyectar algo de oxígeno al alicaído mercado inmobiliario y dar salida a la enorme cartera de locales comerciales que tiene vacía el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS).
En el primer caso reducirá dos meses la calificación de protegida de una vivienda y en el segundo priorizará en la adjudicación de locales quienes creen viveros de empresas, fomenten el empleo femenino o creen negocios sociales como guarderías o centros de día.
El IGVS mantiene en cartera 76 locales comerciales que sacó a concurso sin haber logrado adjudicarlas en más de un año. En este período únicamente pudo colocar un bajo en la calle Sierra de Pontevedra. De hecho, en los presupuestos de este año el instituto se reconocía "incapaz" de asumir las cargas que suponen estos locales en términos de IBI y demás gastos. Entre 2009 y 2011, el IGVS pagó un millón de euros por estas facturas, por 643.00 entre 2005 y 2008.
En cuanto a las promociones privadas, que son la mayoría, concederá ayudas a quienes sean desahuciados para pagarse un nuevo alquiler de hasta el 40% de la nueva renta, con un máximo de 3.200 euros anuales, aunque solo durante dos ejercicios y para quienes ganen un máximo de 18.637 euros al año.
La Xunta tramitará de forma urgente el decreto y su borrador se dará a conocer la próxima semana. El conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, destacó la dación en pago para los casos de promociones públicas. "El Instituto Galego de Vivenda e Solo recuperará la propiedad de la vivienda y permitirá al adjudicatario seguir viviendo en ella en régimen de alquiler subvencionado, así se evitará el desahucio", explicó ayer. Fuentes de este departamento explicaron que los desahucios en esta clase de vivienda no se estaban aplicando, si bien la reforma aporta cobertura legal a todos los casos.
El decreto autonómico pretende aliviar la situación de los colectivos "vulnerables", que podrían aumentar a medida que avance el año si las previsiones de la Xunta, que apuntan un aumento del paro, se cumplen. "Se contemplan instrumentos para facilitar el cumplimiento de los plazos de los créditos, en la misma línea del decreto estatal", añadió Hernández.
Entre estas ayudas se incluye la posibilidad de que durante cuatro años los inquilinos o dueños de promociones públicas no amorticen capital, sino tan solo intereses; se reducirán las tasas de interés hasta un mínimo de euríbor más 0,25% durante ese período de carencia; y se permitirá ampliar el plazo de las hipotecas hasta los 40 años; también se podrá solicitar una quita del capital; y, como último recurso, la citada dación en pago.
Además, en el caso de los alquileres, la Xunta rebajará el precio de la renta mensual para aquellas familias "con una situación acreditada de precariedad". "Se permitirá que tengan una reducción de hasta el 50%, indicó Hernández. Su departamento también informó de que se podrá ampliar el límite máximo de los períodos de alquiler hasta los cinco años, así como los tramos de ingresos que permiten optar a esta bolsa de viviendas. Cuando se renueven los contratos, en lugar de 2,5 veces el Iprem (índicador público de renta de efectos múltiples), el listón se fijará en 3 -22.365 euros al año- y 4 en el caso de núcleos rurales y conjuntos históricos.
Medio Ambiente también tendrá en cuenta a los hijos no nacidos aún a la hora de conceder ayudas, estrategia que ya aplica el Gobierno gallego en áreas de bienestar. El resto de medidas se concretarán a partir de la semana que viene en el borrador del documento.
Durante el año pasado, las autoridades judiciales decretaron el embargo de 2.003 viviendas en Galicia por el impago de hipotecas, una cifra que supone algo más de cinco casos al día. La comunidad fue la única en la que esta cifra aumentó respecto a 2010, cuando se alcanzaron los 1.942. En los dos ejercicios anteriores se alcanzaron los 2.053 y los 1.369, respectivamente.
Los datos del Consejo General del Poder Judicial ilustran la magnitud de la crisis económica, que solo el año pasado provocó casi 78.000 embargos hipotecarios en España. Pero no es la única magnitud para medir el grado de drama social que provocan los desahucios: también se produjeron por impagos de alquileres. El año pasado 58.241 familias fueron expulsadas de su casa por no pagar la renta, de las que 1.885 vivían en Galicia. Paliar su situación constituye un reto de la Administración, a la que los movimientos sociales reclaman soluciones.
Las medidas que afectan a los desahucios resultan las más llamativas de la reforma de la Xunta, pero no son las únicas que contemplará el decreto que ultima. Con él pretende inyectar algo de oxígeno al alicaído mercado inmobiliario y dar salida a la enorme cartera de locales comerciales que tiene vacía el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS).
En el primer caso reducirá dos meses la calificación de protegida de una vivienda y en el segundo priorizará en la adjudicación de locales quienes creen viveros de empresas, fomenten el empleo femenino o creen negocios sociales como guarderías o centros de día.
El IGVS mantiene en cartera 76 locales comerciales que sacó a concurso sin haber logrado adjudicarlas en más de un año. En este período únicamente pudo colocar un bajo en la calle Sierra de Pontevedra. De hecho, en los presupuestos de este año el instituto se reconocía "incapaz" de asumir las cargas que suponen estos locales en términos de IBI y demás gastos. Entre 2009 y 2011, el IGVS pagó un millón de euros por estas facturas, por 643.00 entre 2005 y 2008.
Fuente: www.laopinioncoruna.es
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