La legalización será más compleja para otras 4.000
viviendas de las 12.500 afectadas en Galicia
santiago /
la voz 10 de mayo de 2013 05:00
La vía que
abre la reforma de la Ley de Costas no resuelve la demanda histórica de Galicia sobre el
reconocimiento de los núcleos tradicionales de su litoral, aunque sí permitirá
regularizar muchas de las 12.500 viviendas construidas antes de 1988 en zona de
servidumbre, cuya anchura ahora se rebaja de 100 a 20 metros. La modificación
que el PP aprobó ayer en solitario en el Congreso, con la abstención de CiU y el sonoro rechazo escenificado por el resto de la oposición,
posibilitará legalizar de forma directa 4.000 de esas viviendas, ubicadas en
255 núcleos costeros ya delimitados en 58 concellos con planeamiento
urbanístico. Pero el proceso para cobijar bajo el paraguas legal las otras
8.500 casas afectadas será más complejo. Y varios miles seguirán fuera.
Para los 25
concellos sin planeamiento que albergan esas 8.500 viviendas se abre ahora un
plazo de dos años en el que tendrán que aprobar el PXOM y delimitar las 600 aldeas que invaden la franja de protección costera. Los
52 municipios restantes, los que disponen de plan general y tienen deslindados
los 255 núcleos en los que se asientan 4.000 casas, deberán solicitar antes de
tres meses la rebaja de la zona de servidumbre de los 100 metros que establece
la redacción original de la norma a los 20 que fija su reforma.
Pero las
restricciones que incorporó el dictamen del Senado al documento inicial del
Congreso imponen peajes adicionales que convertirán la regularización en un
cuello de botella más angosto de lo previsto. Así, la reforma exige que las
aldeas de los municipios con planeamiento tengan acceso rodado y servicios
(agua, luz, alcantarillado). Además, tendrán que estar edificados al menos en
un tercio de su superficie, que serán dos tercios en aquellas que carezcan de
algún servicio. Y en los concellos sin PXOM se requerirá que los núcleos
costeros tengan edificada al menos la mitad de su territorio para ser
reconocidos.
Si se
cumplen los cálculos de la Xunta, la ley regularizará de forma directa 4.000
viviendas en los concellos con planeamiento y hasta 4.000 más en los que aún no
lo tienen. Pero incluso ese escenario optimista dejaría en el limbo otras 4.500
casas en Galicia.
Malpica y
Moaña
El alcalde
de Malpica, Eduardo Parga (PP), valoró ayer con prudencia unos cambios que
espera que salven de la piqueta varias viviendas ilegales con orden firme de
derribo en Berizo. «Se o obxectivo é dar un respiro ao actual modelo
urbanístico, a nova lei suporá unha boa nova para os que teñen propiedades fóra
da legalidade. Outra cousa é que pasará coas construcións con sentencia firme
de derribo», explicó
Parga, según informa Toni Longueira. Más optimista, el regidor de Moaña, José
Fervenza (PP), destacó que «por fin se ha hecho justicia, tras 25 años. Desde
hoy [por ayer] más de 200 vecinos de Moaña vuelven a respirar, porque la ley
les había hipotecado sus vidas», subrayó, en declaraciones a Mónica Torres.
Fuente: www.lavozdegalicia.es
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